Retenes

Para mi amigo Emilio en reconocimiento a una amistad naciente

Los oriundos de la Costa Grande hemos mal vivido en coexistencia con los ilegales retenes militares. Lo que hoy se padece a lo largo y ancho del país es algo que los surianos hemos sufrido desde por lo menos 1967, a partir del inicio del movimiento guerrillero encabezado por el profesor Lucio Cabañas Barrientos y el Partido de los Pobres.
De Acapulco a la Y Griega, había dos retenes, uno –que permanece– en Bajos del Ejido y otro móvil que se ponía entre Zacualpan y Cacalutla. Adicionalmente, diversos retenes itinerantes se ponían aleatoriamente en el camino entre Atoyac y El Paraíso.
Los “guachos” como se les llama coloquialmente a los soldados, revisan discrecionalmente, sin método, a puro olfato y con nulos resultados. Los retenes únicamente sirven para crear la percepción de seguridad, aunque todo mundo sabe que en realidad no han rendido los frutos que se esperaría. En todos estos años nadie se ha enterado de ningún decomiso importante en reten alguno.
La guerra que desde el inicio de su administración ha emprendido el gobierno federal en contra de los carteles de la droga, ha causado que los retenes y puestos de control militar se multipliquen a lo largo y ancho de la República.
Fuera de toda norma, los retenes son violatorios de las garantías constitucionales. Pero a nadie parece importarle la Carta Magna cuando se trata de una guerra. Los daños colaterales que provocan los conflictos irregulares crean violaciones recurrentes y prácticamente sistemáticas a los derechos humanos fundamentales. Pero nadie dice nada porque al parecer el fin justifica los medios.
El pasado fin de semana, un comando aparentemente de militares –digo aparentemente porque los señalamientos de civiles en el convoy hacen que uno dude de la autenticidad y legalidad del operativo– agredió al diputado Faustino Soto Ramos, diputado por Técpan, líder de la fracción mayoritaria en el Congreso Local y en consecuencia Presidente de la Comisión de Gobierno del legislativo.
¿Si el presidente del Congreso del Estado puede ser agredido impunemente qué puede esperar un ciudadano de a pie? Basta ya de quedarnos callados ante esta o cualquier agresión. El dilema que plantea el presidente Calderón es falso. La mayoría de los ciudadanos estamos en contra del crimen organizado y sus nefastas consecuencias. Pero al mismo tiempo estamos en contra de los abusos de los policías y militares y de las violaciones a derechos humanos. Estamos en contra de la impunidad de los malosos y en contra de los atropellos de los que deberían de salvaguardar la legalidad.
En materia de derechos humanos no hay otro camino que ser radical e intransigente. No puede haber “pequeñas” violaciones a las garantías constitucionales. Toda la solidaridad a Faustino y a los miles de guerrerenses y mexicanos que todos los días son tratados como delincuentes mientras que los verdaderos malosos pasean sonrientes e impunes por las calles del país.