El artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asienta en su párrafo segundo que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. […]”
Esta importante facultad constitucional se ha ejercido únicamente tres veces desde la promulgación de nuestra Constitución Política. La primera de ellas fue en 1946 con motivo de un supuesto fraude en las elecciones a la presidencia municipal de León. En este caso, la Suprema Corte determinó que no había responsabilidad alguna por parte de los presuntos implicados en la comisión del delito. El tercer caso fue el reciente y controvertido caso de la periodista Lydia Cacho contra el gobernador Mario Marín. La Corte dictaminó que el gobernador surgido de las filas del Nuevo PRI, estaba libre de toda culpa. El caso que nos ocupa es el segundo, el de los hechos ocurridos en el vado de Aguas Blancas municipio de Coyuca de Benítez. En este caso, la corte sentenció que Rubén Figueroa Alcocer era responsable por acción o por omisión de los hechos ocurridos en el infausto suceso.
Rubén Figueroa Alcocer es culpable de la comisión de un delito. Esas son palabras de los ministros de la corte. Esta es una cosa juzgada. En cualquier país democrático, el señor habría sido juzgado y hoy estaría pagando su delito con la pena corporal. Sin embargo, en el México del Cambio, Rubén Figueroa no sólo no está pagando su culpa sino que actúa libremente y ha decidido volver a participar abiertamente (aunque nunca dejó de hacerlo a través de sus testaferros) en política.
Hace unas semanas, el ex gobernador de rudas maneras y gesto adusto, se paseó por Zihuatanejo y Técpan apoyando a su candidato a diputado que no paraba de sonreír como perrito faldero del cacique de Hutzuco. El sábado pasado, fue el invitado de lujo en el desayuno de la unidad priista. Esa es la realidad de la política guerrerense.
El próximo 28 de junio, se cumplirán 14 años de la masacre que indignó al mundo entero y provocó la caída del gobernador que se decía “chompiras” del Presidente Zedillo. Hoy el personaje vive y colea. Actúa y opera. Incide e intriga. Esos son los milagros del sistema democrático mexicano que recicla a los personajes aún si éstos tienen las manos ensangrentadas.
Es este el Nuevo PRI, el PRI que pretenden vendernos limpio y renovado. Este Nuevo PRI es el mismo viejo PRI que ha decidido esconder el color rojo de la sangre y que se viste ahora de verde pretendiendo lavar lo que ni mil océanos podrán. Este es el PRI de Salinas, de Díaz Ordáz, de Hank, de Echeverría. Es el PRI de las crisis económicas recurrentes, de la represión a los jaramillistas, a los doctores, a los estudiantes; es el PRI de la guerra sucia, de las desapariciones y de los asesinatos selectivos a periodistas como Manuel Buendía del que se acaban de cumplir 25 años de su cobarde asesinato por la espalda.
Este Nuevo PRI es el PRI del Charco y de Aguas Blancas. Es el PRI de Acteal y de los Altos de Chiapas. El próximo domingo 5 de julio, la ciudadanía habrá de elegir entre los mismos lobos rojos de siempre hoy disfrazados de verdes corderitos, y las otras opciones democráticas. Que nadie se llame a engaño, los de hoy son los mismos de ayer con las mismas prácticas y la misma ambición: que la patria siga siendo el botín de un grupo exclusivo de privilegiados caciques que siempre han estado, estuvieron y estarán dispuestos a lo que sea con tal de recuperar el poder.
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