Confirmación

A partir de la semana pasada dio inicio uno de los rituales más atávicos y atractivos de la democracia estadounidense. El artículo II, sección 2, párrafo 2 de la Constitución de aquel país señala que el presidente tiene “el poder, con la recomendación y consentimiento del senado”, para nombrar a los oficiales del gobierno.

“Recomendación y consentimiento” (advice and consent) es una combinación ambigua de palabras que fueron escritas por los padres fundadores de los Estados Unidos precisamente con la intención de mantener el frágil equilibrio de poderes entre aquellos que deseaban una presidencia fuerte e unipersonal y los partidarios de un presidente supeditado al congreso. El presidente tiene el “poder” para “nombrar” a lo miembros del gabinete pero siempre que escuche la “recomendación” y cuente con el “consentimiento” del senado.

Tradicionalmente las audiencias de confirmación, son espacios que utilizan los comités senatoriales respectivos –en el Senado de los EU, “sólo” existen 24 comisiones (committees), pocos si los comparamos con las 70 que existen en el Senado Mexicano (57 ordinarias, 7 especiales, 5 bicamerales y 1 comité de transparencia)– para interrogar e inquirir no únicamente al candidato propuesto sino a la propia secretaría en cuestión. Por ejemplo, el próximo día jueves en que Hillary Clinton acuda a su audiencia respectiva ante el Comité de Relaciones Exteriores, será cuestionada acerca de su capacidad y probidad para ejercer el cargo de Secretaría de Estado, pero también será la oportunidad para que tanto el gobierno entrante como la oposición, fijen posturas claras sobre los temas de la agenda exterior estadounidense.
Históricamente han sido pocas las veces en que el senado rechaza alguna nominación presidencial al gabinete. Dos casos recientes nos ayudan a ilustrar el a veces tortuoso proceso de ratificación de los miembros del gabinete presidencial estadounidense.

El 3 de enero de 2001, Linda Chávez fue nominada por el presidente Bush para ocupar la Secretaría del Trabajo. A partir de ese momento, Chávez fue investigada tanto por la prensa como por el FBI revelándose que supuestamente había tenido trabajando en su casa a una inmigrante ilegal Guatemalteca por más de diez años. Ante el escándalo, Chávez retiró su candidatura el 9 de enero. Posteriormente fue absuelta de los cargos. De manera parecida, el gobernador de Nuevo México Bill Richardson, propuesto por Barack Obama par la Secretaría de Comercio, retiró su candidatura el pasado día 4 al difundirse que el New York Times tenía información sobre una investigación federal en su contra por presuntos contratos otorgados sin licitación a donantes de su campaña. En ambos caso, fueron los medios los que a través de la investigación pública frustraron las aspiraciones de estos personajes.

El sistema de escrutinio político americano que a veces pareciera excesivo, e invasivo de la delgada línea entre lo público, lo privado y lo íntimo, es en realidad una representación republicana de corresponsabilidad, respondabilidad (así con d) y rendición de cuentas.
En México sería impensable que los presidentes y gobernadores sometieran sus propuestas de funcionarios a la aprobación de los congresos y al escrutinio de la opinión pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente prevé que el senado ratifique “los nombramientos que el mismo funcionario (el presidente de la república) haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (…)”. De la misma manera, cada Entidad Federativa tiene disposiciones al respecto. En Guerrero por ejemplo, el congreso del estado “designa” al Procurador de entre una terna propuesta por el Gobernador. En el Estado de México, éste es “designado” por el gobernador pero “ratificado” por las dos terceras partes del congreso.

Los actores políticos se rasgan las vestiduras cada vez que hablan de la dichosa Reforma del Estado. Para lograrla, se crean leyes y comisiones con nombres rimbombantes y pretenciosos (la federal se llama CENCA, Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión) se les asignan jugosos presupuestos y hasta la fecha los resultados han sido nulos, se va por las ramas, se reforman leyes secundarias como las electorales pero nunca se logra entrar al tema de fondo que es la repartición democrática del poder porque esto significaría para todos los actores darse un balazo en el pie y nadie en este momento parece dispuesto a ello.