“En la nocturnidad cobarde, embozados vinieron a agredir a nuestros trabajadores”.
Fernando Gómez-Mont, actual Secretario de Gobernación y entonces abogado de Canal40 respecto al "Chiquihuitazo".
La extinción de Luz y Fuerza del Centro a través de un decreto presidencial es una acción lamentable por diversas razones que merecen ser analizadas con frialdad.
Luz y Fuerza del Centro atravesaba una situación financiera insostenible que perjudicaba al resto de las finanzas públicas por las gigantescas e interminables transferencias que cada año crecían de manera inversamente proporcional a la productividad y eficiencia de la empresa. En 2009 el subsidio a LyFC fue de 42,000 millones de pesos, esto es, cerca de una y media veces el presupuesto del Estado de Guerrero (31 MMDP) para el mismo periodo. Desde cualquier punto de vista, la transferencia irracional de recursos es cuando menos injusta, no solidaria y antifederalista.
El Sindicato Mexicano de Electricistas, uno de los más antiguos y combativos de México (fue fundado en 1914) no supo leer las distintas advertencias intervencionistas que hizo el gobierno. Pensó que nunca se atreverían a tomar la empresa y liquidarla, creían que se trataba de un pulso del gobierno para obligarlos a flexibilizar sus posturas, nunca contaron con el arrojo a veces trompicado de Calderón. Pensaron que con tantos frentes abiertos (guerra al narco, crisis, presupuesto, influenza, etc.) el gobierno federal jamás se atreverían a abrir uno nuevo. Se equivocaron. El gobierno que encabeza Felipe Calderón puede ser acusado de muchas cosas pero no de inmovilismo ni de indecisión. Seguramente ponderaron una y otra vez los pros y los contras de la medida y evaluaron los distintos escenarios, incluso económicos, de cara a la negociación política venidera.
Es una realidad incontrovertible, que el servicio que hasta el sábado brindaba Luz y Fuerza del Centro dejaba mucho que desear. Quienes tenemos la fortuna de haber vivido en zonas donde Comisión Federal de Electricidad brinda el servicio, podemos dar fe de ello. En regiones importantes del Valle de México, prácticamente no existe un sólo día sin que el servicio no sea interrumpido. En cambio, en Acapulco por citar un ejemplo, es prácticamente imposible que eso ocurra. Los apagones no existen o son sumamente raros aún teniendo tormentas tropicales o huracanes. Los habitantes del centro del país, piensan, porque así lo han padecido toda la vida, que es normal que “se vaya la luz” varias veces al día. Asimismo, en LyFC, la lectura de consumo y el cobro del servicio son tan anticuados como abiertos a la discrecionalidad. Y no digamos ya el reclamo por algún cobro indebido que se convierte en un verdadero vía crucis. No hablemos ya de los pagos en cajeros automáticos o desde el coche que tiene CFE.
Cada una de las razones anteriores pudiera ser suficiente para tomar medidas urgentes y extremas para intervenir en la compañía. Finalmente la decisión es del Gobierno Federal que es el administrador y presidente del Consejo de dicha empresa.
Sin embargo y aquí hay que ser muy claros, ninguna de las razones esgrimidas por el presidente y sus corifeos, puede ser imputada ni al sindicato ni a los trabajadores.
El principal responsable –y esto hay que decirlo fuerte y claro– de la situación económica, tecnológica y laboral de Luz y Fuerza del Centro es el gobierno mexicano y no los trabajadores contra los que se toma la medida.
Es lamentable que durante por lo menos 40 años, el gobierno, jugando co la idea de la liquidación de LyFC, abandonara a la empresa y dejara de invertir en su modernización. Ahora resulta que los trabajadores y el sindicato son responsables por la situación de la empresa. Es como culpar a los empleados de la Coca Cola o Bimbo si las empresas dejaran de tener rentabilidad.
Es lamentable y penoso, que el gobierno tomara las instalaciones de Luz y Fuerza en la noche del sábado mientras el país entero festejaba la victoria de la selección mexicana de fútbol. No deja de tener un tufillo de albazo, sabadazo o mundialazo.
Es lamentable que mientras el país y el mundo entero viven una crisis profunda y sistémica, 44,000 mexicanos se queden en la calle después de brindar sus vidas enteras a una compañía. Es cierto que las indemnizaciones parecen atractivas y por encima de la ley pero finalmente son 2 años y medio de sueldo que la gran mayoría de los trabajadores terminará comiéndose para quedar después en la indefensión total.
La medida tomada por el Presidente de la República es legal pero no es legítima. Para ser legítima tendría que ir acompañada de una actuación similar contra sindicatos y lideres charros y corruptos que viven tranquilos porque sienten asegurada la protección y complicidad del gobierno. Para callar bocas, el gobierno tendrá que demostrar que los cambios son parejos y hacia todos y no únicamente contra aquellas organizaciones y gremios que piensan distinto.
Felipe Calderón tendrá en los próximos días la oportunidad histórica de demostrar si es el Presidente de todos los mexicanos o el representante de una pandilla de liquidadores de los bienes de la nación.
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