Carambolas

Durante las próximas semanas, los mexicanos asistiremos al baile de mascaras que supone la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Cada uno de los actores (Presidencia, Hacienda, gobernadores, diputados, presidentes municipales, organizaciones intermedias patronales o sindicales y cabilderos de los distintos grupos de interés) presionarán para conseguir que se les aumente, que se les apruebe o que no se les disminuya determinado proyecto, partida o plan. A cambio, comprometerán apoyos, votos y gestiones; muy probablemente también, se acuerden al margen de la ley, cochupos y sobornos.

Lo anterior no tiene nada de novedoso ni de particular. Ocurre en todas las democracias modernas donde además el momento de la aprobación del presupuesto es el punto climático de la gestión de los gobernantes. En los sistemas parlamentarios, es precisamente al momento de la no aprobación del presupuesto, cuando el gobernante en turno comprende que ha llegado el momento de irse porque ha perdido la confianza del legislativo.

Lo que hace particularmente interesante a la negociación de este año, son las diversas componendas paralelas que ocurrirán alrededor del presupuesto. La primera de estas es la integración de las comisiones al interior de la cámara de diputados. Una más, es la ratificación en el senado de Arturo Chávez Chávez que necesita de todos los senadores del PAN más nueve (previsiblemente los del Verde) para ser ratificado.

Adicionalmente, aunque la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional quisiera oponerse a los aumentos al ISR y al IVA, tendrá encima la presión de sus gobernadores que pedirán más recursos para sus estados y municipios. Sería contradictorio que el PRI exigiera más recursos y pidiera que hubiera menos recaudación. Esa será justamente la carta que jugará el gobierno y la fracción panista para convencer al PRI de apoyar el paquete económico del gobierno.

Sin embargo, lo que decidan las cúpulas no será fácilmente aceptado por los diputados que al final de cuentas son quienes tienen que dar la cara en sus respectivos distritos y recibir las protestas de sus conciudadanos indignados ante este nuevo “ajuste” que siempre pega en los bolsillos de los ciudadanos.

El paquete económico del presidente de la República ha conseguido la unanimidad pero en su contra. Actores tan disímbolos como Andrés Manuel López Obrador en un extremo y el Consejo Coordinador Empresarial –la mayor central patronal de México–, a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, se han pronunciado en contra de su aprobación.

Es una realidad que a nadie le gusta pagar impuestos. Mucho menos aún en un país donde tiro por viaje nos enteramos en las noticias de las tropelías de lideres sindicales, hijos de presidentes, gobernadores y presidentes municipales que se enriquecen a costa de los contribuyentes y de las rentas nacionales. Sin embargo, los impuestos no son los responsables de que existan gobiernos y sistemas corruptos. En los países con mayores estadios de desarrollo social la cantidad de gente que paga impuestos y la tasa que de estos se paga es mucho mayor a la que tenemos en México. En Noruega por ejemplo, la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) es del 25% mientras que en Brasil existe una tasa que fluctúa entre el 17 y el 25%; en Chile hay una tasa del 19% y en Dinamarca del 25%. No es por lo tanto un asunto de qué tantos impuestos se pagan sino de cómo son empleados y de cómo se redistribuye el ingreso fiscal.

Si el gobierno quiere que la gente acepte una mayor carga fiscal, necesita dar pasos contundentes en la transparencia y rendición de cuentas. Nadie va a apoyar mayores impuestos mientras los recursos se escapan en la manutención de gobiernos y gobernantes elefantiásicos y escleróticos a los que lo único que parece importarles es la cantidad de impactos que su imagen tiene en los medios electrónicos.